🟣 Tema 2: Igualdad y violencia de género

Auxilio Judicial · Administración de Justicia · 🗓️ Preguntas comprobadas con el BOE vigente el 5 de octubre de 2026

Resumen

El punto de partida es la Constitución: el art. 14 proclama la igualdad ante la ley y prohíbe la discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, y el art. 9.2 obliga a los poderes públicos a promover que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas y a remover los obstáculos que lo impidan. De ahí nacen las cuatro leyes del tema: la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género; la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación; y la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.

LO 3/2007 (I). Su objeto es hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en desarrollo de los arts. 9.2 y 14 CE, y obliga a toda persona física o jurídica que se encuentre o actúe en España. Define la discriminación directa (trato menos favorable por razón de sexo) e indirecta (disposición, criterio o práctica aparentemente neutros que ponen en desventaja a personas de un sexo, salvo justificación objetiva), el acoso sexual (comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual) y el acoso por razón de sexo (comportamiento realizado en función del sexo), y considera discriminación directa todo trato desfavorable relacionado con el embarazo o la maternidad y discriminación las represalias por reclamar (indemnidad). Los actos discriminatorios son nulos; los poderes públicos adoptarán acciones positivas razonables y proporcionadas mientras subsistan las desigualdades; en los litigios por acoso solo está legitimada la persona acosada, y en los procesos (no penales) en que se alegue discriminación corresponde a la parte demandada probar su ausencia (inversión de la carga de la prueba).

LO 3/2007 (II). Prevé el principio de transversalidad, el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, los informes de impacto de género en disposiciones generales y planes sometidos al Consejo de Ministros y la inclusión de la variable sexo en las estadísticas. En el trabajo, las empresas de cincuenta o más trabajadores deben elaborar y aplicar un plan de igualdad (previo diagnóstico negociado, con inscripción obligatoria en el Registro de Planes de Igualdad), y existe un distintivo empresarial en materia de igualdad. En el empleo público, los tribunales de selección responderán al principio de presencia equilibrada, las convocatorias llevarán informe de impacto de género, se reserva al menos un 40 % de las plazas de los cursos de formación para acceso a puestos directivos a mujeres y las Administraciones negociarán un protocolo frente al acoso; el Gobierno aprueba al inicio de cada legislatura un Plan de Igualdad de la AGE. La disposición adicional primera define la composición equilibrada: ningún sexo por encima del 60 % ni por debajo del 40 %. Órganos: Comisión Interministerial de Igualdad, Unidades de Igualdad en todos los Ministerios y Consejo de Participación de la Mujer.

LO 1/2004 (I): antecedentes, objeto y principios. La exposición de motivos recuerda que la violencia de género es el símbolo más brutal de la desigualdad y cita como antecedentes la Convención de 1979 sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Declaración de Naciones Unidas de 1993 sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, la Conferencia de Pekín de 1995, la resolución de la OMS de 1996, y en España la LO 11/2003, la LO 15/2003 y la Ley 27/2003 reguladora de la orden de protección. Su objeto (art. 1) es actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, ejercen sobre ellas sus cónyuges o ex cónyuges o quienes estén o hayan estado ligados a ellas por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia; comprende la violencia física y psicológica (agresiones a la libertad sexual, amenazas, coacciones, privación de libertad) y, desde 2021, también la ejercida sobre sus familiares o allegados menores para dañarlas (violencia vicaria). Sus principios rectores (art. 2) incluyen fortalecer la sensibilización, consagrar derechos exigibles, garantizar derechos laborales y económicos, establecer la tutela institucional, fortalecer el marco penal y procesal, coordinar recursos, fomentar la especialización y garantizar la transversalidad.

LO 1/2004 (II): sensibilización, prevención y detección (Título I). El Gobierno aprueba un Plan Estatal de Sensibilización y Prevención de carácter permanente, controlado por una Comisión de amplia participación. En educación, el sistema educativo forma en igualdad y resolución pacífica de conflictos en todas las etapas, se garantiza la escolarización inmediata de los hijos que cambien de residencia por la violencia, se eliminan los estereotipos sexistas de los materiales, se forma al profesorado y los Consejos Escolares impulsan medidas de igualdad. En publicidad, es ilícita la que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio, y pueden ejercitar la acción de cesación y rectificación la Delegación del Gobierno, el Instituto de la Mujer u órgano autonómico equivalente, el Ministerio Fiscal y las asociaciones cuyo objetivo único sea la defensa de los intereses de la mujer. En sanidad se promueve la detección precoz y se crea una Comisión contra la Violencia de Género en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

LO 1/2004 (III): derechos y tutela institucional. Las víctimas tienen derecho a la información, a la asistencia social integral (atención, emergencia, apoyo y acogida y recuperación integral, también para los menores), a la atención sanitaria y a la asistencia jurídica gratuita inmediata y especializada, con una misma dirección letrada en todos los procesos. Las trabajadoras tienen derecho a reducir o reordenar su jornada, a la movilidad geográfica, al cambio de centro, a suspender el contrato con reserva de puesto y a extinguirlo (situación legal de desempleo); sus ausencias se consideran justificadas cuando lo determinen los servicios sociales o de salud; las funcionarias tienen derechos análogos (incluida la excedencia). La situación se acredita por sentencia condenatoria, orden de protección u otra resolución judicial cautelar, informe del Ministerio Fiscal o informe de los servicios sociales o especializados. Las víctimas con rentas inferiores al 75 % del SMI y especiales dificultades de empleo reciben una ayuda de pago único equivalente a seis meses de subsidio (doce si tienen discapacidad igual o superior al 33 %, y hasta 18 o 24 meses con responsabilidades familiares), y son colectivo prioritario en vivienda protegida y residencias de mayores; desde 2022 se reconoce además el derecho a la reparación. La tutela institucional (Título III) se articula a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (que elabora la Macroencuesta), el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (informe anual), unidades especializadas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y planes de colaboración y protocolos. Desde la LO 1/2025, los antiguos Juzgados de Violencia sobre la Mujer son Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia.

Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Es la ley general del derecho antidiscriminatorio: protege a toda persona, sea cual sea su nacionalidad, edad o situación administrativa, frente a la discriminación por nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado serológico o predisposición genética, lengua, situación socioeconómica o cualquier otra circunstancia. Define discriminación directa e indirecta (la denegación de ajustes razonables a personas con discapacidad es discriminación directa), por asociación, por error, múltiple e interseccional, acoso discriminatorio, inducción a discriminar, represalias, acciones positivas y segregación escolar. Garantías: nulidad de pleno derecho de lo discriminatorio, reparación con presunción de daño moral, legitimación de partidos, sindicatos y asociaciones de derechos humanos (constituidas al menos dos años antes), inversión de la carga de la prueba (no en procesos penales ni sancionadores) y Estrategia Estatal cuatrienal. Crea la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación (presidencia por cinco años sin renovación, nombrada por el Gobierno con posible veto del Congreso por mayoría absoluta) y un régimen sancionador: infracciones leves (300 a 10.000 €), graves (10.001 a 40.000 €) y muy graves (40.001 a 500.000 €).

Ley 4/2023, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Define conceptos como orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, persona trans, intersexualidad, familia LGTBI y LGTBIfobia; crea el Consejo de Participación de las Personas LGTBI y la Estrategia estatal; obliga a las empresas de más de cincuenta personas trabajadoras a contar con medidas y un protocolo frente al acoso LGTBI, y prohíbe las terapias de conversión aun con consentimiento. Regula la rectificación registral de la mención del sexo sin informes médicos ni cambios corporales: la piden por sí mismas las personas españolas mayores de 16 años; entre 14 y 16, asistidas por sus representantes legales; entre 12 y 14, con autorización judicial por expediente de jurisdicción voluntaria. Se presenta ante cualquier Oficina del Registro Civil; tras la comparecencia inicial, la persona debe ratificarse en un plazo máximo de tres meses y la resolución se dicta en un mes, recurrible en alzada ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública; tiene efectos constitutivos desde su inscripción y es reversible pasados seis meses. Sus infracciones son leves (apercibimiento o 200 a 2.000 €), graves (2.001 a 10.000 €) y muy graves (10.001 a 150.000 €), y se aplica supletoriamente la Ley 15/2022.

Claves para el examen

• Arts. 14 y 9.2 CE: base de las cuatro leyes del tema.
• LO 3/2007, de 22 de marzo: discriminación directa/indirecta, acoso sexual y por razón de sexo; embarazo o maternidad = discriminación directa.
• Inversión de la carga de la prueba: en LO 3/2007 (art. 13) y Ley 15/2022 (art. 30), nunca en procesos penales.
• Acoso sexual o por razón de sexo: la persona acosada es la única legitimada (art. 12.3 LO 3/2007).
• Plan de igualdad obligatorio en empresas de 50 o más trabajadores; inscripción en el Registro de Planes de Igualdad.
• Composición equilibrada (DA 1.ª LO 3/2007): ningún sexo por encima del 60 % ni por debajo del 40 %.
• LO 1/2004: violencia de pareja o ex pareja, aun sin convivencia; incluye la violencia vicaria sobre menores (art. 1.4).
• Publicidad que use la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio: ilícita (art. 10 LO 1/2004).
• Acreditación de la violencia de género: sentencia, orden de protección, resolución cautelar, informe del Fiscal o de servicios sociales/especializados (art. 23).
• Ayuda de pago único (art. 27): rentas < 75 % del SMI; 6 meses de subsidio (12 con discapacidad ≥ 33 %; 18 o 24 con cargas familiares).
• Tutela institucional: Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (Macroencuesta) y Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (informe anual).
• Ley 15/2022: Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato; presidencia 5 años sin renovación.
• Sanciones Ley 15/2022: 300-10.000 / 10.001-40.000 / 40.001-500.000 €. Ley 4/2023: 200-2.000 / 2.001-10.000 / 10.001-150.000 €.
• Ley 4/2023: rectificación registral del sexo desde 16 años por sí; 14-16 con asistencia; 12-14 con autorización judicial.
• Rectificación: ratificación en máximo 3 meses, resolución en 1 mes, alzada ante la DG de Seguridad Jurídica y Fe Pública, reversible a los 6 meses.
• Terapias de conversión prohibidas aun con consentimiento: infracción muy grave (Ley 4/2023).

Vídeos recomendados

• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
• Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
• Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género
• Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.
• Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y LGTBI

Fuentes

• Constitución Española, arts. 9.2 y 14 (BOE-A-1978-31229)
• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE-A-2007-6115)
• Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (BOE-A-2004-21760)
• Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación (BOE-A-2022-11589)
• Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI (BOE-A-2023-5366)
• Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, tras la LO 1/2025 (BOE-A-1985-12666)

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